Estas condiciones regulan la relación entre Miguel Ángel Peña ("Mike Colangelo") y la persona o empresa que contrata sus servicios de desarrollo de software, consultoría técnica, automatización o mentoría.

Cada encargo se formaliza mediante una propuesta escrita que detalla el alcance, el plazo, el precio y los criterios de aceptación. La propuesta aceptada prevalece sobre estas condiciones generales en lo que las contradiga.

Este sitio no dispone de tienda en línea: no se realizan compras ni pagos a través de él.

Los precios se acuerdan por escrito en cada propuesta y se expresan en euros, sin impuestos salvo indicación contraria. Se aplicará el IVA que corresponda según la normativa vigente y la condición del cliente.

Salvo pacto distinto, se factura un anticipo a la aceptación de la propuesta y el resto a la entrega. El plazo de pago es de quince días naturales desde la fecha de factura.

El retraso en el pago devengará los intereses previstos en la Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad y podrá suspender la ejecución de los trabajos pendientes.

Los plazos comprometidos se calculan sobre la base de que el cliente facilite en tiempo la información, los accesos y las validaciones necesarios. Los retrasos imputables al cliente amplían el plazo en la misma medida.

Cualquier trabajo fuera del alcance acordado se cotiza por separado y requiere aprobación escrita antes de ejecutarse.

La entrega se considera aceptada si, transcurridos diez días hábiles desde su puesta a disposición, el cliente no comunica por escrito discrepancias respecto de los criterios de aceptación pactados.

Una vez satisfecho el precio íntegro, el cliente adquiere la titularidad del código desarrollado a medida para el encargo, así como de los dominios, servidores y cuentas contratados a su nombre.

Quedan excluidos el software de terceros y las bibliotecas de código abierto, que se rigen por sus respectivas licencias, y las herramientas, plantillas y componentes genéricos preexistentes del titular, sobre los que el cliente recibe una licencia de uso perpetua, no exclusiva y sin límite territorial para el proyecto entregado.

Salvo indicación contraria del cliente, el titular podrá citar el proyecto y mostrar capturas públicas del resultado como referencia profesional, sin revelar información confidencial.

Durante los treinta días naturales siguientes a la entrega se corrigen sin coste los defectos que impidan al trabajo cumplir los criterios de aceptación pactados.

No se consideran defectos las nuevas funcionalidades, los cambios de requisitos, ni las incidencias derivadas de modificaciones realizadas por terceros o de servicios externos ajenos al titular.

El mantenimiento continuado, si se desea, se contrata por separado.

Ambas partes se obligan a mantener la confidencialidad de la información no pública a la que accedan con motivo del encargo, durante su vigencia y tras su terminación.

Cuando la prestación implique acceso a datos personales responsabilidad del cliente, se suscribirá el correspondiente contrato de encargo del tratamiento conforme al artículo 28 del RGPD.

La responsabilidad del titular por daños derivados del encargo se limita al importe efectivamente facturado por ese encargo, salvo dolo o culpa grave. No se responde del lucro cesante ni de daños indirectos.

Cualquiera de las partes puede resolver la relación comunicándolo por escrito con quince días de antelación. En ese caso se facturará el trabajo realizado hasta la fecha efectiva de resolución y se entregará su resultado.

Cuando el cliente sea una persona consumidora, se le reconocen los derechos del Real Decreto Legislativo 1/2007, incluido el desistimiento en los catorce días naturales siguientes a la celebración del contrato a distancia. Si solicita expresamente que los trabajos comiencen dentro de ese plazo, deberá abonar la parte proporcional ya ejecutada en caso de desistir.

Para la resolución extrajudicial de litigios, la Comisión Europea pone a disposición su plataforma de resolución de litigios en línea, accesible en https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Estas condiciones se rigen por la legislación española. Con las personas consumidoras se aplicará el fuero que legalmente les corresponda; en el resto de los casos, las partes se someten a los juzgados del domicilio del titular.